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Grandes despachos “reconquistan” el Colegio de Abogados de Madrid


Con la toma de posesión hoy del nuevo decano, José María Alonso, que regresa a la Junta de Gobierno tras cinco años de ausencia, el Colegio de Abogados de Madrid vuelve a estar controlado por un grupo de grandes empresas. Su candidatura se alzó con la victoria por unos quinientos votos de diferencia, ante la pasividad de la mayor parte de la abogacía, en unas elecciones que registraron poco más de un 7 % de participación. Se cierra así el único mandato en un cuarto de siglo en el que la Junta de Gobierno del Colegio estuvo íntegramente formada por abogados independientes, sin vinculación con ninguna de las grandes firmas de la llamada abogacía de los negocios.

Accede al gobierno colegial la coalición electoral formada por el poderoso grupo editorial y formativo ISDE y una alianza de grandes despachos. El primero incluyó directamente en la candidatura a Raúl Ochoa Emilio Ramírez, además de contar con Juango Ospina Esther Montalvá, personas vinculadas al proyecto que en su día patrocinó para controlar la Agrupación de Abogados Jovénes de Madrid. Respecto a la segunda, está integrada por Baker McKenzie (representado por el propio José María Alonso), DLA Piper (con José Ignacio Monedero), Deloitte (con Luis Fernando Guerra), Gómez-Acebo & Pombo (con Manuel Martín) y Cremades & Calvo Sotelo (a través de Mabel Zapata). Les acompaña la abogada del grupo inmobiliario CBRE Global Investors, María Segimón. El leve maquillaje proporcionado por ALTODO (una de las asociaciones de turno de oficio, que se prestó a ello a cambio de tres puestos) y por la expresidenta de Themis Ángela Cerrillos apenas logra desdibujar el trasfondo de un proyecto cuya gestación e intereses no parecen difíciles de adivinar a simple vista. 

Los dueños de ISDE -enfrentados a Gumpert, a la que apoyaron en 2012, porque luego no les permitió hacer negocio con el Colegio madrileño- habían intentado también tomar las riendas del Colegio de Abogados de Barcelona, operación frustrada por la victoria de María Eugenia Gay por un estrecho margen. El fundador de esta institución está acusado de agredir a la decana saliente, Sonia Gumpert, uno de los hechos más graves de la historia colegial, objeto de investigación penal y al que el nuevo decano eludió referirse en su toma de posesión. 

Por su parte, José María Alonso reconoció en su día que fueron algunos grandes despachos los que le pidieron presentarse a decano. Durante la campaña y después de la misma, se ha explayado en elogiar esa forma de ejercicio, minoritaria en la profesión, a la que ha calificado como representación de la excelencia, con algunos declaraciones de implícito menosprecio a los abogados autónomos (a los que se refirió como los que no tienen "la suerte de entrar en un despacho y tienen que abrir el suyo) e incluso a los abogados de turno de oficio (de los que cree que ahora no prestan un servicio equiparable al de cualquier despacho). 

Es un secreto a voces en el sector que, cuando se afrontó el proceso de sucesión del decano Antonio Pedrol Rius en 1992, cuatro macrodespachos de abogados –Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez y Gómez-Acebo & Pombo- sellaron un pacto para controlar el Colegio de Abogados sin enfrentamientos entre ellos. La fórmula elegida fue situar en el decanato a un abogado reconocido y no vinculado directamente a los mismos, que resultó ser el mercantilista Luis Martí Mingarro. De esta manera ejercieron un visible control sobre el Colegio pero sin presencia personal en el decanato. 

En las sucesivas convocatorias electorales, diciembre de 1992, noviembre de 1997 y diciembre de 2002, estas grandes firmas movilizaban a sus centenares de abogados y, ante la inasistencia masiva a las urnas de la abogacía madrileña –en el año 2002 llegó a registrarse el 95 % de abstención-, las elecciones se decantaban a su favor con facilidad, frente a la oposición habitual de ALA o algunas candidaturas ocasionales con más voluntad que medios y posibilidades. 

La alianza se mantuvo hasta que, en 2007, tocó afrontar el relevo del decano Martí Mingarro tras quince años al frente del ICAM, momento en el que se permitieron incluso dividirse en dos listas enfrentadas, sin por ello perder su poder en el Colegio, puesto que los abogados individuales o de pequeños despachos seguían mayoritariamente sin acudir a votar. La entrada personal del entonces socio director de Garrigues -precisamente el actual decano, José María Alonso- como diputado 2º de la candidatura de Hernández-Gil fue entendida como una ruptura del pacto por parte de otros despachos y la alianza se resquebrajó. Las grandes empresas jurídicas se dividieron entre Antonio Hernández-Gil y Javier Cremades, ambos integrantes de las anteriores juntas de Martí, con victoria del primero por un escaso margen. 

Tras un mandato de Hernández-Gil con muchas más sombras que luces, 2012 parecía el momento propicio para que Cremades intentase la revancha, pero la irrupción de Sonia Gumpert, una candidata ajena al grupo que habitualmente controlaba el Colegio, rompió todos los pronósticos. Hernández-Gil quedó segundo en la votación y Cremades tercero, pero ni entre los dos sumaron los sufragios alcanzados por Gumpert, que se alzó con la victoria

Por vez primera una candidatura había sido capaz de movilizar a votantes que antes no acudían a las urnas. La participación se acercó al 13 %, aproximadamente el doble que en convocatorias previas y, por vez primera, el Colegio estuvo regido por un equipo plural de abogados independientes que representaban las distintas formas de ejercicio profesional. Sonia Gumpert fue la primera mujer decana en cuatro siglos, la más joven en acceder al cargo y la más votada de la historia del Colegio en porcentaje. Se había producido lo que un diario nacional llamó "la revolución letrada".

Durante su mandato, sufrió el torpedeo continuo de algunos grandes poderes económicos del sector -desalojados por vez primera del gobierno colegial por los votantes- e incluso de sus patrocinadores de ISDE -hoy valedores de la candidatura de Alonso e integrantes de la misma- por impedirles rentabilizar su apoyo dentro del Colegio. La pinza entre Hernández-Gil -secundado por otros perdedores de las elecciones- e ISDE fue viendo fracasados sus intentos sucesivos de derribar a la decana elegida democráticamente, aunque lo intentó por vía penal, por vía contencioso-administrativa, por vía civil y mediante una sostenida campaña mediática de difamación sin precedentes. 

Contra todas las presiones, la nueva decana y su equipo iniciaron un profundo cambio en un Colegio obsoleto. Entre otras muchas actuaciones, se crearon -por vez primera en su historia- 32 secciones temáticas con notable actividad, se restableció la figura de un diputado de guardia y se puso en marcha el servicio de atención al colegiado, se remodelaron todas las salas de togas en los juzgados, se habilitaron despachos para que los colegiados pudieran recibir a sus clientes, se elevó la indigna cuantía del seguro de responsabilidad civil, se abrieron delegaciones territoriales fuera de la capital, se impidió la desaparición de los Servicios de Orientación Jurídica, se implantó el expediente electrónico en Justicia gratuita, se logró la mejora de honorarios del turno de oficio, se duplicó la actividad del Centro de Estudios, se creó el área de Empleo y se organizaron Ferias de Empleo Jurídico, se celebraron dos Congresos de la Abogacía y cinco Cumbres de Mujeres Juristas y continuaron los Encuentros Internacionales en Madrid, se crearon por vez primera redes sociales del ICAM y se cambió la web, se impulsó la digitalización de la Biblioteca, y el Colegio -tantas veces callado para no enfrentarse a poderes políticos o económicos- estuvo al frente de las grandes luchas de la profesión (contra la Ley de Tasas o por la dignidad del turno de oficio, entre otras). 

La consolidación y continuidad de esta línea de cambio y de independencia del Colegio no ha sido posible. En 2017, la renuncia de Sonia Gumpert a presentarse a la reelección fue la antesala de unos comicios en los que la participación volvió a caer a la mitad que en los precedentes. Era el regreso al escenario previo: los abogados de a pie se quedaron en el despacho sin ir a votar y una nueva coalición de grandes bufetes  –ahora con otros integrantes-, junto con ISDE, movilizó todo su potencial, al que se unió la ayuda de la asociación ALTODO y la irregular utilización de los medios colegiales de AJA. La división existente en las candidaturas opuestas a la reconquista empresarial del Colegio -especialmente la dispersión de votos entre el equipo de Javier Íscar, que pretendía dar continuidad al proyecto de Gumpert, y el Movimiento 24Dos de Nicolás González-Cuéllar- facilitó la tarea a una maquinaria aplastante, que movilizó cientos de miles de euros para estas elecciones, en un campaña sucia que no conoció escrúpulos ni límites éticos.

Desde hoy, el Colegio de Abogados de Madrid, vuelve a estar en manos de una serie de grupos empresariales, esfumada electoralmente la posibilidad de haber mantenido la gestión en manos de una Junta plural de abogados independientes, como la que fue aupada a la victoria en 2012 por la ilusión del cambio y el crecimiento de la participación. El reto para quienes aspiren a ello dentro de cinco años, tras hacer el oportuno análisis y la autocrítica que proceda, seguirá siendo movilizar -para plantear una alternativa fuerte a los grandes- a esas decenas de miles de abogados de a pie que continúan sin sentirse concernidos por el Colegio. A pesar del esfuerzo -con avances notables- de Sonia Gumpert por acercar la institución a sus colegiados, la lejanía y el desentendimiento son una realidad asentada durante muchos años que no resulta fácil revertir, sobre todo cuando existen tantos intereses en que no sea así.

2 comentarios:

  1. Ni la Gumpert era tan excelsa ni Alonso es tan malo,dale tiempo antes de descalificarle de esta manera.

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  2. Es una lástima que por la pasividad de tantos abogados de a pie (me incluyo) estos grupos económicos hayan recuperado el poder en el Colegio.
    La gestión ordinaria puede que no sea tan mala como en la etapa de Hdez gil, pero en las grandes decisiones estrategicas ya se está comprobando dónde están y para qué usan el Colegio

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