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Las asociaciones piden respeto a la independencia judicial


La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han suscrito un comunicado conjunto de fecha 27 de abril en el que defienden la libertad de expresión para expresar discrepancia con las sentencias judiciales pero sin cuestionar el poder judicial ni menoscabar su independencia:

"En el día de ayer tuvo lugar la lectura de la tan esperada Sentencia del llamado caso de 'La Manada'. Sin llegar a finalizar la lectura del fallo se produjeron muestras de desaprobación frente a lo resuelto por tres magistrados independientes y sometidos al único imperio de la Ley. En las últimas horas estamos asistiendo a comentarios y descalificaciones que, excediéndose del ámbito de la libertad de opinión, suponen un ataque desmedido frente a quienes han resuelto en conciencia, valorando unos hechos y aplicando unas normas aprobadas por el Parlamento. 

Es comprensible que la opinión pública pueda no entender ni compartir lo resuelto. Podemos aceptar la discrepancia jurídica, pero hemos de apelar a la cordura y a la necesidad de respetar la resolución adoptada y el trabajo de los tres magistrados, así como de aquéllos que, en su día, puedan resolver un eventual recurso contra la misma. Los ataques y las descalificaciones a los que están siendo sometidos no están amparados, bajo ningún concepto, por la libertad de expresión. 

La sentencia referida plantea cuestiones jurídicas muy complejas, que no tienen respuesta unánime entre los juristas, y por eso es lamentable que se viertan afirmaciones infundadas, sin un mínimo rigor, que obvian los razonamientos expuestos en más de cien folios de resolución judicial. 

Los acontecimientos a los que asistimos desde el día ayer debieran mover a la reflexión en ámbitos muy diversos. Cuestionar el Poder Judicial y los jueces y magistrados que lo integran es cuestionar el propio Estado de Derecho. No cabe duda de que es necesario un esfuerzo adicional para explicar a la sociedad el trabajo de los jueces y el sentido de sus resoluciones, más allá del texto mismo de las sentencias. También es necesario que quienes tienen una posición de responsabilidad frente a la sociedad, especialmente desde un cargo público o desde los medios de comunicación, extremen al máximo la diligencia para ofrecer una información exacta, detallada e imparcial de sucesos tan trascendentales. Por último, una vez más, lamentamos profundamente que, por parte del Consejo General del Poder Judicial (y salvo alguna declaración a título personal), se haya omitido cualquier pronunciamiento ante los ataques recibidos".

El 28 de abril, era la asociación Juezas y Jueces para la Democracia quien manifestaba su parecer sobre esta cuestión:

"La sentencia dictada y publicada a finales de esta semana por la Audiencia Provincial de Pamplona relativa a delitos contra la libertad sexual de una mujer, ha dado lugar a una serie de críticas de diverso tenor, que han incluido no sólo descalificaciones insultantes hacia aquella, sino también descalificaciones de las personas que componen el Tribunal. 

Procurando una reflexión sosegada sobre las cuestiones que el caso plantea para nuestra sociedad, desde Juezas y Jueces para la Democracia queremos trasladar las siguientes consideraciones: 

- El Estado de Derecho se sustenta en la primacía de la Ley que emana del pueblo, y su posterior aplicación por los Tribunales independientes y sometidos únicamente el imperio de la Ley. El respeto a la Ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los Tribunales en cada caso concreto es fundamento de un Estado de Derecho y de una sociedad civilizada que resuelve sus conflictos conforme a las reglas que se ha dado.

– Lo anterior es perfectamente compatible, en el marco de una sociedad democrática, con la crítica válida y constructiva a las resoluciones judiciales, pero nada aportan las críticas que descalifican hasta el insulto 

– Sin olvidar nuestro compromiso con la defensa y protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual, la sentencia que ha sido objeto de furibunda y exacerbada crítica se ha dictado tras un proceso regido por los principios constitucionales de publicidad, defensa y contradicción. Asimismo, se ha dictado tras un previo e intenso debate deliberativo de los miembros del Tribunal, como lo demuestra su voto particular, y cumpliendo sobradamente con el principio constitucional de motivación. El Tribunal ha tenido que enfrentarse a una calificación jurídica problemática, la distinción entre la intimidación y el abuso con prevalimiento de una situación de superioridad, y ha optado por una de ellas de manera fundada y razonada. 

– Esa interpretación no es la única posible, y, a estos fines, la sentencia está sujeta al sistema de recursos previsto por nuestra legislación. La sentencia no agota el debate: continuará en tribunales superiores, para cuyos componentes pedimos respeto personal y institucional a su independencia. 

– La crítica pública y razonada a las resoluciones judiciales es deseable en el marco de una sociedad libre y democrática, pero observamos con estupor declaraciones de responsables políticos carentes del más mínimo respeto institucional a nuestra legislación y a nuestros Tribunales. 

– Entendemos tanto el dolor de las víctimas de hechos tan execrables como los que se relatan en los hechos probados de la sentencia, como también el reclamo de mayor severidad y contundencia en la lucha contra violencia machista. El debate legislativo sobre reformas del Código Penal debe de hacerse en sede parlamentaria bajo un sosegado debate público y transparente. 

– En concreto, nos resultan inadmisibles las declaraciones del Sr. Rafael Catalá, único ministro de Justicia reprobado parlamentariamente en la historia de nuestra democracia, que se suman al descrédito y piden la revisión de un voto particular por el Consejo General del Poder Judicial, carente de competencias al efecto. 

– Desde Juezas y Jueces para la Democracia tenemos que salir al paso de actuaciones o declaraciones desafortunadas alientan la deslegitimación del poder judicial, cuanto más cuando provienen precisamente de responsables de los otros poderes, por lo que desde aquí pedimos la dimisión del Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá Polo".

La Asociación de Mujeres Juezas de España, que ha venido destacando por reivindicar la necesidad de incluir la perspectiva de género en las resoluciones judiciales, emitió el siguiente comunicado:

"Estos días la sociedad española ha tenido conocimiento de la Sentencia del llamado caso de 'La Manada? en el que se condena a cinco personas como autoras de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal a la pena de 9 años de prisión frente a una acusación del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares y populares que solicitaban una condena sustancialmente mayor por un delito de agresión sexual continuada del artículo 179 del Código Penal. 

La sentencia mayoritaria parte de una valoración de la prueba que otorga verosimilitud y credibilidad a la víctima, asumiendo como probado su relato en base al cual se produce la condena. Se trata de una sentencia rigurosa y garantista en cuanto al respeto de los derechos de los acusados y en la que el sentir mayoritario de la Sala se muestra respetuosa y empática con la víctima. 

Sin embargo, se realiza una calificación jurídica de los hechos probados que, en un contexto determinado en el que cinco hombres adultos introducen a una mujer de 18 años en un rellano y le practican todo tipo de vejaciones sexuales sin su consentimiento, excluye la existencia de intimidación y con ella del delito de violación tal y como éste es entendido en nuestro Código Penal. 

Es esta última interpretación la que ha ocasionado desconcierto y un importante rechazo social por cuanto abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica. La causa de esta quiebra se encuentra en la pervivencia de ciertos prejuicios y estereotipos ligados al género que, de la misma manera que afectan al resto de la sociedad, atraviesan también la forma en la que se interpretan y aplican las normas jurídicas.

En el ámbito de los poderes públicos, y en especial de la Justicia, se impone la integración de la perspectiva de género como antídoto y prevención frente a formas de actuar e ideas preconcebidas que ponen el foco y enjuician con mayor intensidad el comportamiento y actitudes de la víctima que la de los propios autores. 

Es necesaria una revisión de la forma en la que se aborda la investigación y enjuiciamiento de los delitos relacionados con la libertad sexual, de tal forma que lo que el sentir social considera de forma indudable como una agresión lo sea también en el ámbito jurídico, partiendo siempre del pleno respeto a los derechos de toda la ciudadanía. 

La confianza de la sociedad en la Justicia debe construirse desde el respeto mutuo, tanto a las resoluciones y procedimientos judiciales, que prevén además un sistema de recursos en el que una interpretación errónea puede corregirse, como a la legítima crítica y contestación de aquellas decisiones que no sean compartidas. Esa es la base del Estado de Derecho Democrático que nos compete construir y proteger entre todos y todas".

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